El Gobierno nacional dio un plazo de 72 horas a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para que entreguen a los trabajadores del sector salud la dotación necesaria para desempeñar sus labores.
“Con el ministro de Salud y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, hemos decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles. Esto tiene que quedar totalmente definido: qué dotación, quién la va a entregar”, señaló el titular de la cartera de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
Aclaró que dicha dotación la tiene que entregar “la ARL conjuntamente con el empleador”.
“La dotación inicial para cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier empleador, él es el responsable de entregar esa dotación a sus empleadores, llámese sector salud, llámese cualquier otra actividad económica en Colombia”, precisó.
Agregó que las ARL “se tienen que poner de acuerdo con el empleador sobre la dotación que requieran”.
Dijo que la dotación cubre también a los trabajadores con contrato de prestación de servicios.
El ministro del Trabajo se refirió a los problemas financieros argumentados para no cubrir pasivos laborales y necesidades de dotaciones, y recordó que el gobierno expidió el Decreto 488, que precisa la forma en la que van a llegar los recursos.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que “hace ya 15 días se expidió el decreto bajo el cual se obligaba a las ARL a aportar al sistema un 7 por ciento, para elementos de dotación al personal y otros programas dirigidos al sector salud”.
Precisó que, según un informe del sistema de ARL, esas entidades han efectuado compras ya por 40.000 millones de pesos.
Ruiz afirmó que “esas compras todavía no están distribuidas en la mayor parte de las IPS del país. Por lo tanto, el llamado que hacemos, con el ministro del Trabajo, es a que se haga lo más pronto posible esa ubicación de esos elementos de protección personal en las respectivas empresas”.
El ministro de Salud agregó que no ve “ninguna justificación para que los trabajadores del sector salud no estén adecuadamente protegidos, desde los propios recursos de las IPS a nivel nacional”.
Recalcó que el hecho de tener unos recursos adicionales en el Gobierno para adquirir unos elementos de reserva para la atención y para la protección de los trabajadores, “no quiere decir de ninguna manera que eso sustituya la obligación que tienen las IPS públicas y privadas, a nivel nacional, de proteger a sus trabajadores”.
“De manera que en eso no puede haber equívoco. Aquí todos tenemos que colaborarnos y trabajar conjuntamente para proteger a nuestros trabajadores. Es la prioridad número uno de cualquier entidad del sector salud”, concluyó.
Fuente: Semana.com