Facundo Castillo Cisneros pasará a la historia como el primer gobernador de Colombia indagado por presuntos sobrecostos en adquisiciones públicas, en plena pandemia del coronavirus.
Hace 8 días estampó su firma en un contrato por 5.000 millones de pesos para adquirir 33.000 mercados para la población más vulnerable de Arauca, que lo eligió con 46.509 votos.
Pero la propia población dejó al descubierto que les llegaron artículos por el doble y hasta por el triple de su precio.
Latas de atún de 370 gramos a 20.000 pesos; libras de arroz a 3.300 pesos; libras de café a 13.700 pesos; y aceite vegetal de un litro por 10.500 pesos, hacen parte de los mercados que empezó a repartir Castillo, quien llegó al poder avalado por una coalición entre Cambio Radical, ‘la U’, Colombia Renace y Mais.
El mandatario justificó los costos al pago de impuestos que, según él, exige este tipo de contrataciones. Además, explicó que se trata de productos de marca y con más gramaje y que, en el caso del atún, los 20.000 pesos era un precio de referencia.
Cilantro a $ 9.000
Sin embargo, el caso fue incluido en un primer listado de contratos bajo la lupa que indagan la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Se adelanta un primer barrido sobre 37.932 contratos firmados entre el 10 de marzo y el 5 de abril, 5.198 de ellos relacionados con la pandemia.
Y ya se ha encontrado evidencia de irregularidades en el manejo de al menos 80.000 millones de pesos.
Además de sobrecostos en la compra de mercados, se tiene detectada la entrega de ayudas con fines políticos y la suscripción de millonarios contratos en publicidad.
“Junto con el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo estamos haciendo control para impedir que hagan su agosto en semejante pandemia”, advirtió el contralor, Felipe Córdoba.
Otro de los casos bajo la lupa es un contrato por 7.100 millones de pesos que la Secretaría de Educación de Medellín firmó para garantizar la alimentación de la población estudiantil vinculada al sistema público.
Se verifica por qué se pagó fríjol cargamanto rojo a 5.000 pesos por libra, cuando el valor en el mercado es de 3.500 pesos. Lo mismo pasó con la leche en polvo, que se legalizó a 7.600 pesos por 300 gramos y su precio es de 6.200 pesos.
En Casanare las explicaciones que se piden están vinculadas a la compra de 24 camas hospitalarias por 11 millones de pesos cuando en el mercado vale 8,4 millones.
No se descarta que la emergencia sanitaria haya encarecido algunos productos o su transporte. Sin embargo, investigadores le dijeron a EL TIEMPO que hay casos que se salen de lo razonable.
Uno de estos pareciera ser el de Guaduas, Cundinamarca. El 26 de marzo su alcaldía ejecutó un proceso contractual por 310 millones de pesos para mercados y kits de aseo.
En este caso, se pagó por una libra de cilantro, que no cuesta más de 2.000 pesos en una plaza de mercado, 9.000 pesos. Además, por una libra de alverja, que en las tiendas de Guaduas no pasa de 1.700 pesos, se desembolsaron hasta 18.000 pesos. También se encontraron chupas para destapar baños, que no valen más de 2.000 pesos, a 15.000 pesos.
Germán Herrera, el alcalde elegido con 4.348 votos y con el aval del Centro Democrático, ha hecho saber a través de sus asesores que se pronunciará por medio de un comunicado y que responderá las inquietudes de las autoridades, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Y en la costa Norte también hay casos que se revisan penal, fiscal y disciplinariamente.
Politiquería y publicidad
Se arrancó por dos procesos contractuales –uno por 4.000 millones de pesos y otro por 2.000 millones de pesos– que las alcaldías de Malambo y Soledad (Atlántico), respectivamente, firmaron el 26 de marzo con la fundación El Lirio de los Valles.
Los contratos –en los que se pactó un primer desembolso del 40 por ciento para comenzar su ejecución– son para repartir en los dos municipios 140.000 mercados a la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria.
Lo que se ha denunciado es que la fundación es experta en temas de “crecimiento y autogestión comunitaria” y su fuerte no es el manejo de ayudas humanitarias.
Amalfi Gaviria Ramos, secretaría general de la Alcaldía de Soledad, y Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde de Malambo aparecen suscribiendo los polémicos contratos.
Ambas administraciones han defendido la transparencia de los proceso y de los proveedores y atribuyen las denuncias a una persecución política.
Algo similar sucede en Magdalena, en donde el gobernador Carlos Caicedo fue denunciado ante la Fiscalía por presuntas demoras injustificadas en los giros al Hospital Universitario Julio Méndez.
En este paquete de polémicos contratos también está el que firmó la Gobernación del Tolima con León Gráficas S.A.S., para publicidad y campañas de prevención con 88 medios.
Aunque el mandatario departamental, José Ricardo Orozco –elegido con 219.147 votos y avalado por una coalición de los partidos Conservador, de ‘la U’ y ASI–, defendió la transparencia del proceso, se verifica por qué la estimación inicial de contratación era de 420 millones de pesos y terminó en 1.020 millones de pesos.
Casos igual de inquietantes se han detectado en la Alcaldía de Sincelejo, la cual firmó un contrato por 1.999 millones de pesos para adquirir mercados y hay denuncias sobre presuntos sobrecostos superiores al 27 por ciento.
Y situaciones similares se verifican en Coveñas, Tocancipá, Barrancabermeja y Cartago.
Además, en Santander se hallaron mercados repartidos con publicidad política de los congresistas Nubia López y Jaime Durán, del Partido Liberal.
Y en Córdoba se investiga si hay o no alguna anomalía en el hecho de que la arrocera Palmira, del senador Jhon Besaile (de ‘la U’), hermano del condenado Mussa Besaile, terminó contratada para entregar el arroz de 200.000 mercados.
El gobernador Orlando Benítez ha salido a aclarar que la arrocera “no tienen relación contractual con la Gobernación, con los entes municipales ni la Nación”.
“El llamado es a que los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al covid-19, al pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que, si bien están relacionadas con la pandemia, resulten onerosas”, precisaron los investigadores.
Ante este panorama se le pidió al Gobierno que agilice el proceso de compras centralizadas, que, como lo anticipó EL TIEMPO, ya se está gestando, para conseguir precios favorables, activar la economía regional y evitar especulaciones. Pero estas no se pueden aplicar en todos los casos, violando la autonomía regional.
Por eso, las alertas de la triada –conformada por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía– están encendidas.
Fuente: ElTiempo.com