La Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe por los perfilamientos e interceptaciones ilegales que habría realizado un sector del Ejército y que fue denunciado por SEMANA. La decisión se tomó con base en el anónimo que llegó al alto tribunal y que sirvió de sustento para que la magistrada Cristina Lombana ordenara el allanamiento a varias unidades militares.
En el anónimo, que es valorado por los investigadores, se señala que la información que habría sido recopilada de manera ilegal tendría como destinatario el expresidente Uribe. La medida fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que determinó la apertura de investigación preliminar en contra del senador y ordenó la práctica de diferentes pruebas para avanzar en estos hechos.
Con base en denuncia , #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ abre indagación previa contra el senador @AlvaroUribeVel, como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 2, 2020
Es más, SEMANA estableció que el pasado 27 de mayo una comisión de la Corte estuvo realizando una inspección judicial en el búnker de la Fiscalía General a los procesos que se adelantan por los llamados perfilamientos en los que estarían vinculados algunos militares, entre ellos algunos generales de la República.
El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, confirmó que se abrió esta investigación, pero insistió en que se trata de una indagación preliminar con base únicamente en el anónimo que llegó a la Corte Suprema y no por hechos diferentes. También dijo que no puede entregar detalles sobre esta indagación porque está bajo reserva.
La Corte además pidió información a la Procuraduría General, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional. También aseguraron las fuentes que se podrían ordenar inspecciones a estas entidades.
SEMANA reveló las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses, además de políticos, generales, oenegés y sindicalistas, que también forman parte de la lista de más de 130 víctimas.
Algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”.
En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tránsito y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles.
SEMANA tiene en su poder decenas de estos documentos y durante semanas entrevistó a más de diez fuentes, muchas de las cuales participaron en esta operación que incluyó al menos a 130 personas, entre periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas.
Fuente: Semana.com