El Comité de Presos por la verdad de Colombia, del que hacen parte los privados de la libertad de 24 cárceles en el país, emitió un comunicado en el que pide que se investigue las circunstancias de la muerte de 23 presos en la cárcel La Modelo en la noche del pasado sábado.
“La muerte de nuestros 23 hermanos y compañeros asesinados y masacrados en la cárcel Modelo de Bogotá por el Estado y por su fuerza pública, fue el precio que pagó la población carcelaria para que se oyera su clamado Humanitario a no ser condenados a muerte por el COVID -19. Estos asesinatos deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación”, dice la misiva.
El Comité también niega que en la prisión bogotana se hubiera desarrollado un plan de fuga, como señaló la ministra Margarita Cabello.
“La declaración de la Ministra de Justicia de que lo que pasó en la cárcel La Modelo de Bogotá fue un plan de fuga, no es cierto. ¿Si 100 presos o mil o 150 mil tomarán la decisión de fugarse frente un cuerpo de custodios del INPEC de 12 o 14 mil miembros podrían estos impedirlo? La respuesta es NO”.
“El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios”, había dicho la ministra.
Esta no fue la única cárcel en la que hubo incidentes, que se produjeron ante la preocupación de los encarcelados por la posible llegada del coronavirus a sus sitios de reclusión.
Ante esta situación, el Inpec y el Ministerio de Justicia decretaron la emergencia carcelaria en todo el país por temas de salud y orden público que este fin de semana se agravaron tras amotinamientos en diez centros penitenciarios de todo el país.
De acuerdo al artículo 92 de la Ley 1709 del 2014, que refiere los estados de emergencia penitenciaria y carcelaria, el director general del Inpec “podrá disponer de los traslados de los internos que se requiera, a los lugares indicados. De igual manera, se podrán clausurar los establecimientos penales, si así lo exigen las circunstancias”.
En el decreto que dio a conocer el Inpec este lunes dice que el Ministerio de Justicia puede usar instrumentos excepcionales para facilitar la excarcelación -temporal- a un porcentaje de los colombianos privados de la libertad que cumplan condiciones como estas: ser mayores de 60 años, ser madres gestantes o de niños menores de 3 años, tener enfermedades crónicas o haber sido condenado a una pena de poca duración.
Se calcula que al menos 10.000 personas de las 124.188 recluidas en el país (a corte de 31 de enero de 2020) podrían beneficiarse con la medida.
La organización de encarcelados celebró esta declaratoria señalando que es: “es la prueba positiva y fehaciente del interés del Estado y de su gobierno de asumir la responsabilidad para con la población carcelaria por el COVID-19. Circunstancia que es recibida positivamente por la población carcelaria”.
Sin embargo, los presos reclamaron porque quienes cumplen penas por haber hecho parte de organizaciones armadas no se verían beneficiados por las posibles medidas de la emergencia carcelaria.
“Negar la posibilidad de la aplicación de la Emergencia Carcelaria para miembros de las Autodefensas, Paramilitares, Guerrilleros, Bacrims, frente a la también negativa de la JEP de asumir competencia de estos asuntos, por oposición al tratamiento especial para las Farc-Ep y miembros del Estado, implica un tratamiento discriminatorio para diferentes actores del conflicto armado y en este caso frente a la Emergencia Carcelaria”, dice el comunicado.
Finalmente los encarcelados ofrecen abrir una puerta al dialogo con el gobierno para solucionar la situación porque según ellos: “Una contaminación en una sola cárcel en el país llevaría a aumentar de manera dramática el riesgo y peligro de una contaminación masiva y nacional”.
Fuente: Semana.com