Hace 20 años, el hacendado y político Álvaro García Romero logró que varias de sus fichas obtuvieran cargos en la administración de Sucre, consolidando a Salvador Arana Sus como gobernador del departamento.
Arana, que ya había sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sucre y gerente del Departamento Administrativo de la Salud de Sucre, dirigió la gobernación entre 2001 y 2003, tiempo en el que aprovechó su cargo para impulsar a las Autodefensas.
Pero Arana y García no fueron simples políticos que tuvieron nexos con los paramilitares. Ellos mismos crearon e impulsaron estos grupos que en el departamento causaron muertes, desplazamientos y dolor, hechos por los cuales recibieron unas de las penas más altas que la Corte Suprema de Justicia ha proferido en el capítulo de la llamada ‘parapolítica’: 40 años de prisión.
Los expedientes de la Procuraduría aseguran, por ejemplo, que los grupos paramilitares en Sucre se concretaron entre Álvaro García Romero, quien para la época era senador, Jairo Merlano y Erik Morris, en una reunión que llevaron a cabo en 1996 en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, padre de los Nule, condenados por la corrupción del ‘cartel de contratos’ bogotano.
La Corte Suprema de Justicia documentó en su investigación que fue a mediados de los noventa cuando poderes económicos de Sucre comenzaron a organizarse y conformar estructuras que seguían los lineamientos del estado mayor de las Auc.
También quedó probado, dice el fallo de la Corte contra Arana, que él, quien era reconocido colaborador de las Convivir en la región —grupos de seguridad privada que dieron pie al paramilitarismo—, en 1998 actuó como fundador de las Autodefensas de La Mojana por instrucciones del mismo exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Ese grupo se creó en una reunión en el restaurante Carbón de Palo en Sincelejo, en donde se llegó al acuerdo sobre cómo sería su accionar criminal. Los participantes, como Arana, que para la época dirigía Desalud, acordaron dar 60 millones de pesos para pagarles a unos 12 o 15 muchachos “bien dotados, con uniformes, morrales y fusiles”, para que operaran en la zona.
Cuando a Arana le preguntaron de dónde saldría la plata, él les dijo en la reunión que uno de sus alcaldes amigos les iba a colaborar con contratos y dineros bajo la mesa, recursos que eran públicos, pero que terminaron en las arcas del paramilitarismo.
Luego, cuentan los expedientes, Arana entregó su grupo paramilitar recién creado a la Convivir La Caliza y, en esa fusión, se construyó el bloque Héroes de María.
Es así como, siendo fundador, no solo les colaboró en su proceso, sino que tuvo poder en esas estructuras y pudo tomar decisiones. Esto se suma a los testimonios de desmovilizados como Libardo Duarte, quien señaló a la Corte que a Arana lo vieron siempre como uno de los principales gestores de la organización de La Mojana, que fue responsable de la masacre de Macayepo, la cual ocurrió el 14 de octubre del 2000 y dejó 12 campesinos muertos.
“Desde el 98, los fines de semana yo lo veía con Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena (otro exjefe paramilitar), por los lados de la hacienda El Nispero, por la camaronera, y por los bares ubicados en la vía que de San Onofre conduce hacia María la Baja”, dijo el desmovilizado.
Desde el 98, los fines de semana yo lo veía con Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, por los lados de la hacienda El Nispero, por la camaronera y por los bares
Otros desmovilizados cuentan que la relación que Arana tuvo con otros jefes de las Autodefensas fue de amistad. Además, antes de que en la región se conociera, como un secreto a voces, que hacía parte de los paramilitares, lo veían prestándoles sus carros a las Auc para que se desplazaran, y les hacía propaganda con personas ricas de la región, diciéndoles que les iban a ayudar a combatir a la guerrilla.
Con esos grupos, entre 1997 y 2001, la espiral de violencia creció en Sucre y se reflejó en los desplazamientos, masacres y asesinatos de campesinos, pero también de dirigentes sociales y funcionarios públicos a los que señalaron como auxiliadores de las guerrillas. Uno de ellos fue el alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, asesinado, según probó la Corte, por órdenes de Arana y ‘Cadena’.
Díaz siempre denunció los vínculos que los políticos de la región tenían con el paramilitarismo. Lo hizo incluso en un consejo comunitario el 2 de febrero del 2003, ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, diciéndole que lo iban a matar. Y así fue, porque nadie lo protegió: dos meses después, el 10 de abril del 2003, su cuerpo fue encontrado a tres kilómetros de Sincelejo, con varios disparos y la credencial de alcalde en su pecho.
Un gobernador que impulsó el ‘proyecto político’ de las Auc
Foto: Archivo
El homicidio de Eudaldo Díaz ocurrió cuando Arana ya era gobernador, tiempo en el que, según la Corte, inició “otra faceta en su vida paramilitar”. Aunque no dejó el grupo de autodefensas que había creado, pues siguió teniendo poder de mando, empezó a desempeñar un rol que les permitiera a esas estructuras ilegales cooptar la administración pública para consolidar el que consideraban su proyecto político. También se mantuvieron los ataques contra la población civil a la que señalaban de colaborar con las Farc.
El objetivo, dice la Corte, era lograr que las Autodefensas incidieran en la política pública —más allá de la militar— y, para eso, tenían a Arana y a otros políticos aliados. En este punto, la alta corporación judicial recuerda que el nexo de Arana con las Auc no surgió en el marco de un panorama político-electoral, como sí ocurrió con otros condenados por ‘parapolítica’. “Arana ya pertenecía a las Autodefensas antes de que fuera gobernador. De ahí que no solo se hubiera limitado a coadyuvar en la formación del grupo ilegal, sino que participó activamente en la actividad ilícita que desarrollaba, pues valiéndose de su influencia como autoridad regional hizo causa y procuró el fomento y la estabilidad del grupo paramilitar”.
Arana ya pertenecía a las Auc antes de que fuera gobernador. De ahí que no solo se hubiera limitado a coadyuvar en la formación del grupo ilegal, sino que participó activamente en la actividad ilícita
Por eso, como gobernador, siendo paramilitar y servidor público, Arana fue más allá de un acompañamiento político, ofrecimiento burocrático o apoyo ideológico a las Auc. Desde la gobernación de Sucre las siguió financiando y apoyando en sus estructuras armadas —en detrimento del erario— y en cometer delitos de lesa humanidad.
Incluso, en un fallo del 2013 lo condenaron por peculado por apropiación a favor de terceros, recordando que, cuando podía administrar los recursos de las regalías petroleras de Tolú, ordenó el doble pago de 15 contratos celebrados por el municipio, por 478 millones de pesos, dinero que terminó en las Autodefensas.
El paramilitar ‘puro’
Esa condición de paramilitar, antes que la de servidor público, fue una de las razones por las cuales la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia planteó un conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya que esta justicia aceptó a Arana. Para la Corte Suprema, Arana, que tiene dos condenas y una investigación en ese alto tribunal, no fue simplemente un agente del Estado. Fue un “paramilitar puro” que se infiltró en el poder público sin dejar de militar en las Autodefensas.
Para la Corte, Arana fue “fundador, financiador y líder de estructuras paramilitares, en las que tuvo y ejerció poder de mando para cometer, por intermedio de la organización, crímenes de lesa humanidad”.
La Corte asegura que, tal y como quedó en el acuerdo final, los exparamilitares no pueden entrar a la JEP ya que ellos no participaron de ese acuerdo y, además, ya tuvieron su propia forma de juzgamiento. Así, recordó esa corporación, los integrantes o miembros que hicieron parte de la estructura orgánica de los grupos paramilitares no pueden presentarse a la JEP como terceros ni como agentes del Estado.
Fue fundador, financiador y líder de estructuras paramilitares, en las que tuvo y ejerció poder de mando para cometer, por intermedio de la organización, crímenes de lesa humanidad
Es por eso que la Corte recuerda que en Justicia y Paz y en los juicios de ‘parapolítica’ que esa corporación realizó, la alianza entre las Auc y autoridades públicas a nivel nacional, departamental y local no solo consistió en una simbiosis entre ambos, para beneficiar electoralmente a políticos a cambio de que les abrieran espacios para legitimar su proyecto paramilitar.
Más allá de esa forma de concierto para delinquir —por la que fueron condenados tantos políticos en el país—, según la Corte hubo situaciones en las que “miembros orgánicos de las estructuras paramilitares accedieron a la función pública y, sin perder su condición de integrantes de las Auc, manteniendo un rol e influencias dentro de la organización armada ilegal, ‘camuflados’ en el servicio público, contribuyeron al propósito de cooptación del Estado, pero también participaron de crímenes propios de la organización”. Y ese, para la Corte, fue justamente el papel que tuvo Arana.
Por eso señala que los crímenes por los que él fue aceptado en la JEP fueron cometidos como “miembro activo de los grupos de autodefensa”, y no como un agente estatal ajeno a esa organización armada.
Ahora será la Corte Constitucional la que defina si le da la razón a la Corte Suprema de Justicia en que el caso de Arana pertenece a su fuero, es decir, a la justicia ordinaria, o si deja que su sometimiento se mantenga en la JEP.
Familia de Eudaldo Díaz se opone a que entre en la JEP
Foto: Archivo
Para la familia del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, es una injusticia que Arana termine sometido en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Según la familia, hay testigos que han declarado en la Fiscalía y lo señalan de estar supuestamente detrás de amenazas y atentados contra familiares de Díaz, aun después de la condena del exgobernador de Sucre.
Además, aseguran, después de su condena, él siguió negando haber estado detrás del asesinato de Eudaldo Díaz, y demandó a la familia.
Por eso, para la familia de Díaz es un “acto de revictimización” que Arana sea aceptado en la JEP, y afirman que por sus acciones en su contra muchos tuvieron que salir al exilio. Así, le pedirán a la Corte Constitucional que no permita que este caso quede en la justicia transicional, para que él no reciba beneficios ni quede en libertad, y para que se ratifique la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que ya lo condenó a 40 años de cárcel.
Fuente: ElTiempo.com